En el marco de su política de desregulación económica, el gobierno de Javier Milei volvió a poner sobre la mesa un proyecto para derogar la Ley 25.542, conocida como Ley de Defensa de la Actividad Librera, que fija el precio único de venta al público para cada título editado en el país. La iniciativa, enmarcada en el paquete de reformas que impulsa el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, reactivó el rechazo de escritores, libreros, editoriales pequeñas y cámaras del sector, que ya se habían opuesto a intentos similares y advierten que esta vez el proyecto podría ingresar formalmente por el Senado o la Cámara de Diputados.

La norma, vigente desde 2001, impide que editoriales, distribuidoras o grandes cadenas usen su volumen de negocios para bajar artificialmente el precio de los libros y así desplazar a los comercios más chicos. Según sostiene la Unión de Escritoras y Escritores (UEE), esa protección explica en buena medida que el país conserve más de 1.300 librerías, una cifra que tanto el gremio como la Fundación El Libro definen como un verdadero patrimonio cultural, además de un sostén clave para la bibliodiversidad y para que una mayor cantidad de autores tenga posibilidad de publicar y llegar a sus lectores.

El rechazo no quedó circunscripto a los escritores. La Cámara Argentina del Libro y la Fundación El Libro también se pronunciaron en contra de la derogación, y coincidieron en que la ley del precio único funciona como columna vertebral de un sistema donde conviven editoriales grandes y pymes, libreros independientes y distribuidoras de distinta escala, algo poco habitual incluso en otros países capitalistas. Para la Fundación, la red argentina de librerías goza de un reconocimiento internacional por su densidad y su historia, y sus locales operan como espacios de encuentro y promoción de la lectura que exceden la lógica pura del mercado.

El corazón del reclamo pasa por quién queda mejor posicionado si la ley cae. Las organizaciones del libro coinciden en que la derogación beneficiaría casi exclusivamente a las plataformas multinacionales, que podrían imponer sus propios criterios sobre qué títulos conviene producir y difundir, en desmedro de catálogos más diversos. La promesa implícita de una baja generalizada de precios, advierten, no se verificó ni en los países que cuentan con una legislación equivalente ni en los que carecen de ella, por lo que la describen como una expectativa poco realista frente a una medida que en los hechos concentraría el negocio editorial.

A la derogación de la Ley 25.542 se suma un segundo proyecto, que apunta a eliminar varios artículos de la Ley 25.446, de Fomento del Libro y la Lectura. Esa norma obliga al Estado a sostener políticas activas de promoción de la lectura, y aunque algunos de sus mecanismos -como el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura- nunca llegaron a reglamentarse, las entidades del sector remarcan que la solución no pasa por borrarlos sino por ponerlos en marcha. Entre los puntos que quedarían sin efecto figura además la exención impositiva para autores que editan y comercializan sus propios libros, un universo de autoedición que crece año a año y que perdería ese respaldo tributario.

Frente a este escenario, la Unión de Escritoras y Escritores llamó a todos los sectores vinculados al libro, y en especial a otras entidades de autores y de promoción de la lectura, a movilizarse para visibilizar el impacto de estas iniciativas y rechazarlas de manera terminante antes de que avancen en el Congreso. El planteo, sostenido también por la Cámara Argentina del Libro y la Fundación El Libro, resume la disputa de fondo: mientras el oficialismo enmarca la medida como una simple desregulación de mercado, el ecosistema del libro la lee como una amenaza directa a la diversidad editorial y a la subsistencia de las librerías de barrio en todo el país.